Los retos operacionales que impone el cese bilateral de las hostilidades entre gobierno y FARC son innumerables, de un lado persistirá la necesidad del Estado de combatir cualquier amenaza incluso si esta proviene de este Grupo Armado Organizado, en que escenario? pues ello dependerá de la amenaza que represente y la ventaja para el cumplimiento del fin Constitucional.
Ahora bien, el mayor porcentaje de incertidumbre radica en la cuestión de como repeler, y me refiero a los cursos de acción para combatir las organizaciones que delinquen cometiendo infracciones al DIH en los sectores urbanos, puesto que la probabilidad de daños incidentales aumentaría sin excusa alguna puesto que las Fuerzas Militares deberán garantizar el orden legal.
Es clara la capacidad de las Fuerzas Militares, pero no resulta tan claro el panorama operacional si consideramos que nuestra experiencia se fundo en escenarios rurales y agrestes, debemos partir de esa realidad, El Estado no ha desarrollado salvo una excepción, operaciones en contextos de DIH en ciudades o municipios. En este sentido la Fuerza publica debe abordar en primera medida de un estudio juicioso de los efectos de las armas que contamos, para contrarrestar los factores adversos que pudiesen ocasionar caer en la ilegalidad o ilegitimidad de nuestras operaciones militares.
No se trata de alarmarnos, se trata simplemente de consolidar esfuerzos en la capacitación del personal que interviene desde el planeamiento, ejecución hasta la consolidación de resultados, formar a nuestra tropa táctica y jurídicamente ahondando en los conocimiento de las experiencias internacionales que en este sentido nos ha brindado la problemática de la multiplicidad de conflictos que en escenarios urbanos se han suscitado al rededor del globo terráqueo.
A corto plazo el principal obstáculo jurídico, consistirá en empoderar en primera medida del DIH a la Policía Nacional para que conciban de forma mas concienzuda que podrían hacer uso de la fuerza letal también cuando el nivel de intensidad de hostilidades de forma mas frecuente, regular puesto que la política criminal del Estado establece ahora y en la etapa del pos-conflicto los centros de gravedad de estas organizaciones en los sectores urbanos.
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