Frente al estudio de los derechos y a la popularidad que el respeto por los mismos se ha generado en la modernidad es procedente entrar a reflexionar sobre el restringido derecho de los miembros de las Fuerzas Militares de Colombia, entiéndase esta como amplia dado a que incluye a quienes integran el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana;  como es que políticamente se promulga de manera pública que todo uniformado puede tomar partido por un “SI” frente a una campaña de gobierno sin ser deliberantes y no es posible ser considerado dentro de una democracia como ciudadano; se evidencia una vulneración generalizada que afecta no solo los derechos de integrante de las Fuerzas Militares sino la de la totalidad de los Colombianos al verse obligados a vivir en una democracia a medias, con garantías medidas desdibujando la imagen del servidor público que se encuentra al servicio de la defensa y seguridad del Estado.

La formación en disciplina castrense de las Fuerzas Armadas, ha permitido una correcta percepción de la importancia en la conservación de la democracia, sin embargo esta misma se ve comprometida.  

Es importante tener en cuenta los derechos fundamentales de los militares colombianos, que pese a pertenecer a una fuerza legítimamente armada la cual debe velar por el bienestar y la protección de la población colombiana, así como también de la soberanía del territorio nacional; a estos deben garantizárseles plenamente sus derechos constitucionales, caso contrario se configurarían como ciudadanos de segunda generación.

La evidente vulneración se refleja incluso en otros aspectos como en el ámbito laboral, pensional, penal, administrativo y demás, lo cual constituye nuevamente la prevalencia de la observación, respeto y garantías de los derechos humanos de los uniformados, sin importar el grado, arma o fuerza militar que los enviste.

Lo ansiado se encamina a la defensa y garantía como iniciativa del mismo pueblo para el pleno ejercicio del derecho al sufragio a los integrantes de las fuerzas armadas, incentivando a cambiar la concepción de limitarles sus derechos políticos, ya que la liberalidad de la democracia y la garantía constitucional deberán permitírselo, así como a los demás miembros de la población ciudadana; no hay sustento normativo que envaine los fundamentos para continuar negando este derecho a elegir, la prohibición contenida en la norma superior colombiana es inadecuada.

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